Una oportunidad para transformar el sistema y generar inclusión

El pasado mes de marzo de 2025 entró en vigor la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una normativa que marca un antes y un después en la forma en que producimos, distribuimos y consumimos alimentos en nuestro país. Esta ley no solo promueve un uso más responsable de los recursos, sino que también abre nuevas vías para la inclusión social y el empleo digno.

Este nuevo marco legal supone también un impulso directo a las empresas de inserción social, como las que forman parte del ecosistema de economía solidaria de Cáritas. La recuperación, clasificación, transformación y distribución de excedentes alimentarios puede convertirse en una vía real de empleo para personas en situación de exclusión, integrando la sostenibilidad ambiental con la justicia social.

La normativa refuerza la obligación de priorizar la donación de alimentos antes que su destrucción, impulsa la trazabilidad y fomenta la colaboración entre entidades públicas, privadas y del Tercer Sector.

A través del proyecto maná, valoramos esta ley como una oportunidad única para avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y humano, en el que las personas estén en el centro, demostrando que es posible luchar contra el desperdicio alimentario y la exclusión al mismo tiempo. Con esta ley, se abren nuevas posibilidades para escalar y replicar modelos que, como el nuestro, articulan compromiso social, innovación y economía circular.

Es el momento de un cambio de paradigma. Apostar por un sistema alimentario más ético y responsable es también apostar por la dignidad de las personas y el cuidado de la creación.