300.000 personas sufren exclusión social en Aragón, un 10,3% más que antes de la pandemia
El modelo aragonés de garantía de ingresos da una respuesta muy limitada a las necesidades económicas de la población en situación de pobreza
De 2018 a 2024, en Aragón ha aumentado el número de personas que se encuentran en una situación de exclusión y lo ha hecho en una proporción mayor que en el resto del Estado. Esto significa que, en 2024, alrededor de 300.000 personas (140.000 más que en 2018) viven en condiciones de exclusión, un concepto que va más allá de la pobreza monetaria.
Este es uno de los resultados más destacados del Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Aragón, que Cáritas Aragón ha presentado hoy en la Casa de la Iglesia, con la presencia del presidente de Cáritas Aragón, Carlos Gómez-Bahillo y del técnico de Estudios Sociales de Cáritas Española, Pedro Fuentes.
Este estudio forma parte de los 22 informes territoriales llevados a cabo por la Fundación FOESSA, en el marco del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Los resultados de esta investigación se basan en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país, 586 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Según apunta el estudio, en 2024 la exclusión social alcanzó al 22,9% de la población de Aragón, un porcentaje que se divide entre quienes sufren procesos de exclusión severa (el 10,8%) y aquellos que se hallan en situación de exclusión social moderada (un 12,1% de la población).
Comparada con España, se advierte en Aragón una situación peor en términos globales, con una mayor proporción de población en situación de exclusión social, tanto moderada como severa, y, por ende, niveles inferiores de integración social. Si observamos las cifras, la incidencia de la exclusión social ha aumentado 10,3 puntos desde 2018. Si atendemos únicamente al espacio de la exclusión social severa los datos son aún más preocupantes: en el periodo de estudio, el número de personas que enfrentan estos procesos se ha duplicado. Son 72.000 personas más las que pasan a engrosar un espacio en el que se encontrarían actualmente entre 110.000 y 179.000 personas.
La buena noticia es que la comunidad autónoma cuenta con un mayor nivel de integración plena, (casi la mitad de la población, un 48,4% se encuentra en esta situación) y un menor alcance de la integración precaria (un 28,7% se encuentran en este espacio).
¿Cuáles son las causas del empeoramiento de los indicadores de exclusión social?
Para comprender por qué en 2024 los datos que indican la exclusión son peores que hace seis años, tenemos que comprender cómo FOESSA mide la exclusión, un concepto, como decíamos, que abarca más dimensiones que la pobreza económica o material. En este sentido, las mediciones apuntan a un total de 37 indicadores, que remiten a tres ejes (político, económico y relacional) que observan dimensiones como la vivienda, el empleo, la salud, pero también el aislamiento o la participación social.
Pese a presentar niveles de exclusión social más elevados que en el conjunto estatal, la peor situación de Aragón solo se refleja en el eje político y de ciudadanía, principalmente por problemáticas relacionadas con vivienda y salud. En este eje, ambos territorios presentan una evolución notablemente negativa, pero este deterioro ha sido bastante más pronunciado en Aragón, que registra un incremento en el alcance de estas problemáticas de 11,1 puntos porcentuales.
Las problemáticas de este eje afectan no sólo a la práctica totalidad de las personas en situación de exclusión social severa (99,8%) y moderada (96%), sino también a la mayoría de las personas que se encuentran en situación de integración precaria (87,9%).
Las problemáticas de exclusión social más extendidas en Aragón son, con diferencia, las vinculadas a la dimensión de la vivienda, que afectan a tres de cada diez personas (31,3%). A una notable distancia se encuentran las dimensiones de la salud (18,8%), la participación política (18,5%) y el empleo (15%).
El retroceso más notable en Aragón se produce en la dimensión de la vivienda, que experimenta un aumento drástico de la prevalencia de la exclusión social y casi duplica su incidencia, pasando de afectar al 16,6% de la población en 2018, al 31,3% en 2024. En esta dimensión, ocho indicadores muestran un incremento. Los aumentos más notables se han producido en el caso de los hogares con personas de movilidad reducida y con barreras arquitectónicas, así como en el de aquellos con gastos excesivos de vivienda (un 15% de la población queda con un ingreso por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados los gastos de vivienda).
El informe resalta que, a pesar de que la disponibilidad de una vivienda digna y adecuada constituye un requisito fundamental para la integración social, acceder a una vivienda a precios asequibles se ha convertido en un importante inconveniente debido al incremento de los precios, tanto en régimen de compra como de alquiler, a un ritmo superior al de las rentas familiares. Este fenómeno se desarrolla, además, en un contexto marcado por la oferta limitada y la especulación inmobiliaria. “La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Aragón. Por ello, es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estructural que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica nunca se traducirá en integración social”, indicó Fuentes.
El incremento también es muy marcado para la dimensión de la salud, con una incidencia que pasa del 7,4% al 18,8%. En este ámbito, tanto en Aragón como en España, la principal dificultad es la insuficiencia de medios económicos para acceder a tratamientos o productos sanitarios, que afecta al 12,9% de los hogares en Aragón y al 10,5% en España.
En cuanto al empleo, a pesar de los datos positivos en tasa de empleo y ocupación, hay que señalar que las situaciones de exclusión social en este ámbito afectan a un 11,8% (7,9% en 2018) de los hogares y a un 15% de la población aragonesa, lo que significa que en esta comunidad hay alrededor de 66.100 hogares, en los que viven unas 200.300 personas, que han de hacer frente a problemas de exclusión social en la dimensión del empleo. Los dos indicadores que registran una tasa por encima del 4% son el relativo a los hogares con todas las personas activas desempleadas (5,6%) y el vinculado a la inestabilidad laboral grave de la persona sustentadora principal del hogar (4,2%).
La precariedad, aunque se reduce, no desaparece: la parcialidad involuntaria (6%), y la inestabilidad laboral grave (4%) siguen marcando a una parte importante de quienes trabajan, especialmente en sectores ligados al sector servicios.
Aquí reside una de las grandes paradojas: una notable recuperación del empleo no es incompatible con el gran crecimiento de la exclusión. “El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social”, señaló el técnico de FOESSA.
El informe apunta que las políticas de inclusión deben concentrarse en dos frentes: las personas desempleadas y quienes ocupan puestos de baja calidad. Son los grupos donde el desempleo y la mala calidad del empleo actúan con mayor intensidad generando carencias y exclusión, por lo que el esfuerzo público debe priorizarlos.
En resumen, las problemáticas de exclusión más frecuentes se relacionarían claramente con la insuficiencia de recursos económicos para ejercer derechos sociales, en este caso el acceso a la vivienda y a la salud: los gastos excesivos de vivienda afectan al 18,4% de la población aragonesa; y las dificultades económicas para acceder a tratamientos médicos o medicamentos afectan a una proporción similar, 18,2%.
¿Qué perfiles poblacionales engrosan el espacio de exclusión social?
Se encuentran en exclusión social: el 90,2% de las personas que residen en un hogar encabezado por alguien que busca empleo; el 78,7% el de las que pertenecen a un hogar en riesgo de pobreza y el 66,5% que integran un hogar numeroso, con cinco o más personas.
La situación ocupacional de la persona que encabeza el hogar y el nivel de pobreza constituyen las dos variables que en mayor medida modulan el riesgo de enfrentar procesos de exclusión en Aragón: más de nueve de cada diez personas que pertenecen a un hogar encabezado por alguien que busca empleo se encuentran en situación de exclusión social, y tres de cada cuatro personas en hogares en riesgo de pobreza se hallan en exclusión social.
Junto al tamaño del hogar, la nacionalidad (condición administrativa) y el origen (procedencia) también constituyen variables fuertemente determinantes del riesgo de exclusión social en Aragón. Por otra parte, una de cada tres (36%) personas menores de 18 años en Aragón enfrenta procesos de exclusión social.
Un sistema protector que no protege
Según indica el Informe FOESSA regional, el modelo aragonés de garantía de ingresos da una respuesta muy limitada a las necesidades económicas de la población en situación de pobreza. La cobertura de la renta mínima aragonesa se ha reducido claramente desde la entrada en vigor del IMV.
La evolución observada pondría de manifiesto en qué medida Aragón se sitúa entre las comunidades autónomas que han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas: el trasvase de personas beneficiarias desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado el 11% del gasto de las comunidades autónomas en sus rentas mínimas. En Aragón se ha pasado de una inversión en rentas mínimas de 48 millones de euros en el año 2020 a menos de dos millones en el año 2023 lo que supone una reducción de más del 96%.
Entre los problemas existentes en el acceso al IMV, los resultados que proporciona la EINSFOESSSA 2024 permiten identificar la falta de información como uno de los principales. Resulta preocupante la elevada proporción de hogares en situación de pobreza severa que manifiestan no haber recibido ninguna información. En Aragón estos hogares representan un 57,1% de aquellos que se encuentran en situación de pobreza severa, frente al 52,7% en el conjunto de España.
En conclusión, Aragón se estabiliza en pobreza y desigualdad, pero no gracias a un sistema de garantía de ingresos plenamente operativo. La cobertura es baja y la información, una barrera crítica. La prioridad es reforzar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV: más inversión y cobertura en renta para cerrar huecos (acceso, tiempos de espera, contingencias), junto con políticas activas de información y acompañamiento. “Es la vía más rápida y justa para convertir la estabilidad en avance y reducir la privación material que aún golpea a demasiados hogares”, apuntó Fuentes.
Hacia un cambio de paradigma
El informe describe un modelo social agotado, que produce desigualdad, precariedad y fractura. Vivimos en una sociedad que desgasta tanto a las personas como al planeta: una estructura económica que consume recursos naturales y humanos más rápido de lo que puede regenerarlos. La exclusión refleja las fallas del modelo social, no de las personas que la padecen. Es el espejo de una sociedad que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos, especialmente en la vivienda y la salud.
Es un modelo ecológicamente insostenible, basado en el sobreconsumo y en la extracción desigual de riqueza; es un modelo individualista, sostenido sobre una meritocracia ficticia que convierte la desigualdad estructural en un supuesto fracaso personal. El resultado es una sociedad del miedo y la desconfianza, en la que la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individualista y la desafección democrática.
Sin embargo, el informe también identifica semillas de esperanza: en la acción y el desarrollo de las redes comunitarias, los movimientos sociales y las prácticas cotidianas de solidaridad que muestran la voluntad de cambio y el deseo de reconstruir un sentido de comunidad.
El IX Informe FOESSA aboga por un cambio radical de paradigma civilizatorio, que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. Esto supone también girar la mirada del mero bienestar hacia el biencuidar, poniendo los cuidados como eje de la vida social y avanzando hacia una democracia del cuidado que lo haga cuestión política. En este nuevo contexto, ya no se trata de practicar la ética del buen vecino, sino la del buen antepasado capaz de trascender el aquí y ahora para empatizar con el futuro y el planeta.
“En definitiva, este informe nos sitúa ante una encrucijada. Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos lleva a una sociedad del miedo. O podemos elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario”, ha señalado el presidente de Cáritas Aragón, Carlos Gómez-Bahillo.
Sobre la Fundación FOESSA
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España. A lo largo de estas seis décadas se han presentado nueve macrodiagnósticos: 1966, 1970, 1975, 1980-83, 1994, 2008, 2014, 2019 y 2025.
