Más de un millón de personas en situación de exclusión social en la Comunidad de Madrid, a pesar de una reducción del 2,5%
La vivienda es hoy un problema de exclusión y desigualdad que afecta al 23% de la población madrileña
La Fundación FOESSA, en su 60º aniversario, en colaboración con Cáritas Española, ha presentado el “Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid: Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024”. Este estudio, que forma parte del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado con la participación de 180 investigadores de 51 universidades, analiza la evolución de los niveles de integración y exclusión social en la región.
En la Comunidad de Madrid, el 19,6% de la población —1,3 millones de personas— se enfrenta a algún grado de exclusión social, lo que significa que una de cada cinco personas está en exclusión social. Esta cifra haca referencia, no solo a la falta de ingresos, sino que incluye dificultades para acceder a vivienda, empleo, salud, educación, así como para participar en la vida política o mantener relaciones sociales.
Pese a que el nivel de exclusión se ha reducido 2,5 puntos con respecto a 2021, no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Hay 230.000 personas más en situación de exclusión social que en 2018. El crecimiento económico de la región no ha ido acompañado de una evolución semejante en los niveles de integración social. De hecho, se puede apreciar una erosión de la clase media y un aumento de la exclusión severa.
La vivienda es el epicentro de la desigualdad y la exclusión
La vivienda es hoy un problema de exclusión y desigualdad, afectando al 23% de la población madrileña. Una parte creciente de la población no puede acceder a una vivienda en propiedad y tiene que hacer frente a elevados costes de alquiler.
Más de la mitad de los hogares en régimen de alquiler destinan a los gastos de vivienda más del 30% de su presupuesto mensual. Uno de cada seis hogares (390.000 hogares), una vez pagados los gastos básicos, cae por debajo del umbral de la pobreza severa. Asimismo, cabe destacar que más de un millón de personas están en situación de vivienda insegura o inadecuada (inestabilidad en la tenencia de la vivienda o por dificultades legales, problemas de hacinamiento, habitabilidad o insalubridad).
Crece el empleo sin mejorar la integración social
Madrid es la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo; desde 2018 el número de personas ocupadas ha aumentado un 15% y la tasa de paro ha descendido al 9%. Sin embargo, la exclusión no mejora ya que el estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. El 11% de los hogares madrileños están afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).
Desigualdad en el derecho a la salud
Los niveles de exclusión social en la dimensión de salud han mejorado significativamente respecto a 2021, aunque los datos del estudio reflejan desigualdad en el acceso a la salud en algunos ámbitos: un 6% de la población no puede permitirse una terapia psicológica; 1 de cada 5 madrileños no puede hacer frente a tratamientos odontológicos; o el 13% de la población tiene dificultades para afrontar el gasto de medicinas o tratamientos. También conviene resaltar que en Madrid el porcentaje de personas que combinan un seguro privado con la sanidad pública ha pasado del 2% al 15% desde 2018.
Infancia, personas migrantes y hogares monoparentales: los rostros de la exclusión social en la Comunidad de Madrid
La población menor de 18 años, las personas migrantes y los hogares monoparentales encabezados por mujeres presentan tasas de exclusión muy superiores a la media regional.
El 27% de las personas menores de 18 años están en exclusión. Esta cifra triplica la de las personas mayores de 65 años. Los datos de informe demuestran que la pobreza se hereda y que el código postal donde se nace está muy relacionado con el riesgo de exclusión.
También se observa que los hogares monoparentales (85 % encabezados por mujeres) tienen una tasa de exclusión del 39,9%, 10 puntos por encima de la media.
En lo que respecta a las personas migrantes, la tasa de exclusión se eleva hasta el 45%, triplicando la de la población española, dato relevante además teniendo en cuenta que a coroto plazo 1 de cada 3 personas tendrá su origen fuera de España.
El IMV y la RMI ofrecen un nivel de cobertura inferior a otras comunidades
El sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo llega al 42% de las personas en pobreza severa en Madrid. Además, la Renta Mínima de Inserción (RMI) de Madrid ha caído de una cobertura del 0,97 % de la población en 2018 (con 25.292 titulares) a solo un 0,02 % en 2024 (475 titulares).
Retos y llamada a la acción
Los datos nos muestran una sociedad con grandes desigualdades donde se dificulta a parte de la población el acceso a derechos y su desarrollo integral. No es un problema individual, se trata de un problema estructural.
Cáritas Comunidad de Madrid llama a la movilización de la sociedad y las administraciones para abordar las causas profundas de la exclusión social y garantizar el acceso a derechos, enfatizando las siguientes propuestas:
- Reflexionar y dialogar sobre cómo está evolucionando nuestra sociedad y cómo queremos que sea nuestra comunidad en el futuro. Muchos de los problemas están relacionados con un modelo social que debemos cuestionar, aquejado por la crisis demográfica, la exclusión residencial o los problemas de salud mental, entre otros.
- Políticas específicas para proteger a los colectivos con mayores tasas de exclusión y, especialmente, a la infancia. Es esencial velar por la igualdad de oportunidades de niños, niñas y adolescentes, y por las rentas de inserción para proteger a los hogares.
- Inversión en servicios públicos para que cuenten con los recursos adecuados para garantizar el acceso a derechos. Es preciso seguir reforzando específicamente la sanidad y la educación. Dentro del ámbito sanitario consideramos necesaria una especial atención a la salud mental.
- Políticas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda, que contemplen, entre otras medidas, un número de viviendas sociales acorde a las necesidades de la Comunidad de Madrid, y donde se impliquen, no solo los gobiernos, sino toda la sociedad.
- Reforzar la acogida e integración de las personas migrantes, para alcanzar comunidad cohesionada.
- Políticas para favorecer el acceso a un empleo digno de las personas en exclusión social, donde se reconozca el valor del sector de los cuidados y la economía social.
Este informe pretende ser una llamada de atención que nos ayude a reflexionar sobre qué sociedad estamos construyendo, y propone un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento económico y el consumo, a una basada en el bien común, la inclusión, el cuidado y la justicia social y ecológica.
