El VIII Informe FOESSA analiza el impacto de la exclusión social en Castilla-La Mancha y en Aragón
Se presentan los dos primeros Informes autonómicos del VIII FOESSA que irán saliendo a la luz en los próximos meses.
Toledo y Zaragoza han sido los escenarios que esta mañana han acogido sendas presentaciones de los Informe autonómicos de Castilla-La Mancha y de Aragón, y que, dentro del ambicioso proyecto investigador que supone el VIII Informe FOESSA –presentado a nivel estatal el pasado 12 de junio en Madrid— son los dos primeros de la serie de Informes autonómicos que irán saliendo a la luz en los próximos meses.
El objetivo de la publicación de esta serie de Informe autonómicos es acercar al máximo a cada territorio el foco investigador sobre cuál está siendo el impacto de la exclusión y el desarrollo social en cada una de las Comunidades Autónomas.
INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA
– En Castilla-La Mancha se registran 328.000 personas en exclusión social, el 16,2% de la población.
– 127.000 personas en nuestra Región viven en exclusión severa.
– 97.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
– Hoy más que ayer, la familia donde naces determina más tus oportunidades.
– El 76% de los castellano-manchegos considera que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público que en la actualidad.
– Más del 50% de la población expresa que ahora ayudaría menos que hace diez años.
– Este informe constata que vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás, y por ello necesitamos re-vincularnos.
El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha que se ha presentado hoy en Toledo, es, en palabras de Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) y coordinador de Estudios de Cáritas Española, una muestra de cómo hemos afrontado en Castilla-La Mancha la salida de la crisis y cómo estamos reconstruyendo la sociedad.
Este informe refleja una recuperación importante de la integración social, recuperando los niveles previos a la crisis. Sin embargo, nos alerta de la consolidación de dos situaciones que suponen sufrimiento y amenaza para una parte de la población, la consolidación de la exclusión social severa y la precariedad, que afecta a más población y más intensamente que antes de la crisis.
El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha es, según Raúl Flores, un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos, realizado al servicio de nuestros decisores políticos y de la sociedad en su conjunto. Una mirada a nuestra cohesión social que se retrotrae a cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión y cómo estamos enfocando la salida. Una historia que da cuenta de las consecuencias de la crisis en la postcrisis.
Raúl Flores señalaba en esta rueda de prensa que este VIII informe FOESSA nos muestra un modelo de sociedad que no ha cambiado. Todos los análisis apuntan a que, en la última década, estamos viviendo las consecuencias del mismo modelo de desarrollo económico, social y antropológico, solo que las consecuencias de este modelo se manifiestan de forma diferencial en cada etapa que atravesamos.
Un modelo marcado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás, y en especial un modelo con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de los vulnerables, de aquellos que viven la precariedad, y de las personas excluidas, aquellos que hace que no consiguen salir del pozo de la exclusión.
La forma en que nuestro modelo está dando respuestas a estas dificultades, tanto en la época de crisis como ahora en la post crisis, nos indica que probablemente estemos optando por dinámicas y actuaciones engañosas o de muy poca utilidad y calidad si los medimos desde el punto de vista del bien común.
El VIII Informe FOESSA consta de un informe global de la realidad del conjunto del estado y de 18 informes territoriales, entre otros el referido a Castilla-La Mancha.
La explicación detallada del Informe por parte de Raúl Flores se ha realizado compartiendo nueve imágenes, que están relacionadas con distintas áreas y dimensiones de la sociedad de Castilla-La Mancha:
1. La recuperación económica no se ha traducido en una mejora de las rentas más bajas
La renta media de la población de CLM se ha reducido en diez años en un 2%, pero quien más ha sufrido esta pérdida en la capacidad económica, ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 17%. Se ha producido un proceso de acumulación de dificultades en las personas que se encuentran en la parte más crítica de la exclusión severa.
Junto a esta realidad puramente económica, se encuentra el análisis más amplio de la exclusión social, que nos arroja la imagen de 328.000 personas en exclusión social en Castilla-La Mancha, el 16,2% de la población de la región. Muchas de estas familias ya vivían en exclusión durante la crisis, algunas vienen sufriendo estas dificultades incluso en la época de bonanza económica previa a la crisis, y otras, las menos, llevan poco tiempo en esta situación de exclusión ya que han perdido el apoyo de los elementos compensadores que les permitían seguir a flote.
Esta población en exclusión es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta.
Pero dentro de ella, existe un grupo especialmente vulnerable afectado por problemas de exclusión, que acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado, el 6,3%, que son 127.000 de personas en situación de exclusión social severa. Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos, entre otras.
2. El desempleo
• El desempleo en Castilla- La Mancha todavía alcanza al 18% de la población, multiplicando por 2,3 la tasa de paro del año 2007, que se situaba en el 8%.
• El 9% de la población convive en hogares donde todas las personas activas sufren el desempleo.
• Tener un empleo no garantiza salir de la pobreza y la exclusión. El 16% de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 11% en exclusión social, a pesar de su esfuerzo personal, a pesar de salir a luchar todas las mañanas por sus hijos e hijas, no consiguen unas condiciones de vida mínimas.
• Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días.
• La parcialidad indeseada afecta a 7 de cada 10 trabajadores parciales.
• Y ante esta situación al menos el 23% de las personas en hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación ocupacional en el último año.
3. La vivienda
Es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.
• 97.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
• El 10% de la población (200.000 personas) viven bajo el umbral de la pobreza severa una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros de la misma.
• El 8% de la población ha recibido avisos de cortes de los suministros de la vivienda, producidos por las dificultades económicas
4. Familias
• Casi 1 de cada 5 menores de 18 años, el 19% sufre situaciones de exclusión social.
• El 26% de las familias numerosas y el 31% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social.
• Los datos de la Encuesta FOESSA sostienen que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades, duplican a los que no crecieron entre penurias. Hoy más que ayer, la familia donde naces determina más tus oportunidades.
5. Mujer
Las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social, destacando la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, el mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.
• La exclusión severa afecta al 8% de los hogares sustentados por mujeres, frente al 5% de los hogares sustentados por hombres.
• Una mujer tiene que trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante necesitará 2 horas.
• Cuando una mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos para enfrentarse a: acudir a servicios de salud como dentista, tratamiento psicológico…, tiene más retrasos en los pagos de recibos, soporta mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda.
• Aunque la exclusión social tiene muchos perfiles, uno muy frecuente es el de mujer, menor de 44 años, con hijos a cargo, con bajo nivel de estudios y en búsqueda de empleo.
6. Desigualdad en los recursos sanitarios
La desigualdad generada por el acceso a los recursos sanitarios básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública refuerza el carácter de exclusión de la dimensión de la salud, con una especial incidencia entre las personas con discapacidad.
• La exclusión social tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 33% de las personas con discapacidad, se encuentran en situación de exclusión social, el doble que las personas sin discapacidad.
• El 13% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos, frente al 9% estatal.
• El 16% de la población no puede tener un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir.
• Aunque cuantitativamente son muy pocos, el 1,8% de los castellanos manchegos (triplica la media estatal) han tenido dificultades para pagar o procurarse un medio de transporte para desplazarse al médico, lo que pone en evidencia las mayores dificultades que personas mayores en el medio rural tienen para acceder a la asistencia sanitaria.
7. Educación
En el ámbito de la educación, se detectan dos elementos diferenciadores de la región, que generan un mayor riesgo de exclusión social, son los relacionados con:
• La no escolarización de 3 a 15 años en la región triplica la media estatal. El 2,3% de los hogares en esta situación en Castilla-La Mancha frente al 0,7% en el ámbito estatal durante el último curso 2017-2018.
• Los mayores sin estudios, duplican la media estatal. Los hogares con alguna persona de más de 65 años que no saben leer ni escribir o no han ido a la escuela, en Castilla-La Mancha son un 3,6% frente al 1,6 % de España.
8. Estado del bienestar como mecanismo de protección social
Los ciudadanos de Castilla-La Mancha siguen apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Más que antes se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo. Los ciudadanos no consideran creíble el discurso sobre el «excesivo» gasto social.
• Existe un amplio apoyo social a la inversión en los Servicios Sociales. El 76% de los castellano-manchegos considera que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público que en la actualidad.
• El 82% de los castellano-manchegos apuesta por más prestaciones y servicios sociales, aunque esto requiera más impuestos.
A pesar de esta realidad, el gasto en prestaciones sociales en Castilla-La Mancha es notablemente inferior al del Estado, y en determinadas prestaciones destinadas a los más vulnerables, como es la renta mínima, la cobertura de la prestación es mínima, inferior al 10% de la población en pobreza severa, y la cuantía de las mismas continúa siendo insuficiente para garantizar unas condiciones de vida mínimas.
A pesar de la insuficiente inversión en políticas sociales, 4 de cada 10 personas en situación de exclusión han acudido a los servicios sociales públicos, y 3 de cada 10 personas han acudido a Cáritas, lo que hace que esta sea la primera entidad social de Castilla-La Mancha a la que acuden las personas vulnerables, después de los servicios sociales públicos.
9. Fenómenos demográficos
Estos fenómenos devienen en una reducción intensa de la natalidad, un incremento progresivo de la necesidad de cuidados, siendo la familia hoy el centro bajo el que se sostienen los cuidados.
Los procesos de aumento de la esperanza de vida y la consiguiente longevidad, los cambios en las pautas reproductivas y, por último, las modificaciones en las estructuras de los hogares y en la organización de las familias han conllevado cambios significativos en el modelo de sociedad.
• Destaca la reducción de todos los indicadores de natalidad y fecundidad, con una intensidad similar a la del conjunto del país.
• 1 de cada 3 hogares necesita cuidados, bien por crianza, bien por edad avanzada, bien por dependencia, bien por enfermedad.
• 2 de cada 3 personas que realizan los cuidados son mujeres de la familia.
• Aunque los cuidados siguen siendo claramente de la familia, hay una tendencia, muchas veces empujada por el mundo laboral hacia la mercantilización de los cuidados, proceso del cuál quedan excluidos, aquellos que nos los puedan pagar.
Ante todo este panorama, la reacción de los ciudadanos en Castilla-La Mancha:
• Sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Más que antes se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo.
• En segundo lugar, vivimos un cuestionamiento al sistema fiscal, tanto desde el ámbito político como ciudadano, y cierta fatiga de la compasión en nuestra sociedad, lo que puede mellar la legitimidad del Estado de bienestar como protector ante desigualdades. Disminuye la disposición a pagar los impuestos necesarios para financiar las políticas de bienestar. La sociedad española siente desconfianza ante el sistema fiscal y la clase política encargada de gestionarlo.
• Esa fatiga de la compasión en tercer lugar está generando perfiles críticos con las ayudas sociales. Más del 50% de la población expresa que ahora ayudaría menos que hace diez años. Aunque seguimos siendo uno de los países donde existe un grupo mayoritario que piensa que las ayudas sociales no vuelven perezosas a las personas.
• Y, en cuarto lugar, instala a muchas personas en el miedo ante una sociedad del descenso y de pérdida de estatus. Un miedo que es aprovechado en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas desde la política y los medios de comunicación allí donde no los había: por ejemplo con la xenofobia.
Raúl Flores explicaba todo ello con dos datos:
– Las personas inmigrantes aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y sin embargo, el 50% de la población española piensa que reciben más de lo que tributan.
– En el espacio de la exclusión social el 90% de las personas son españolas, sólo el 10% son inmigrantes.
En palabras de don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, este VIII Informe FOESSA, no es un añadido retórico a la acción socio-caritativa, sino parte esencial de la misma, que reconoce que la razón y la experiencia van de la mano, y recordaba las palabras del Papa emérito Benedicto XVI en Caritas in veritatis, donde asegura que “no existe la inteligencia y después del amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor”.
Don Braulio señalaba también cómo la Iglesia, en su recorrido de acompañamiento a las personas socialmente vulnerables, entiende que comprender la realidad es una dimensión básica de la caridad. Por esa razón, los estudios FOESSA son investigaciones rigurosas, coherentes y consistentes con la realidad.
Por su parte, el presidente de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz López, indicaba que los informes FOESSA, siempre han sido un instrumento necesario, y subrayaba la idea que éstos no nacen para analizar la realidad, sino que surgen con la intención de transformar la realidad.
Muñoz expresaba, que la realidad que nos muestra este VIII informe FOESSA es sumamente expresiva de nuestra situación. Estamos construyendo una sociedad desligada y desigual. Una sociedad con vínculos fragilizados en un entorno de crecimiento de las desigualdades. Llama la atención el proceso de fragmentación social que está teniendo lugar a costa del debilitamiento de los derechos sociales.
Continuó explicando, que el mayor interés de Cáritas Regional en Castilla-La Mancha, es que este informe sirva para que todos asumamos, en lo personal y comunitario, la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones y oportunidades. Y recordaba que ya Cáritas en estas últimas elecciones autonómicas y locales, envió a todos los partidos políticos el documento “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas” en el que la Institución proponía cuestiones para generar una mejor calidad de vida entre las personas más empobrecidas.
Don Braulio Rodríguez Plaza cerraba la presentación del VIII informe FOESSA en Castilla-La Mancha agradeciendo la presencia de los medios de comunicación, de Fernando Muñoz y de Raúl Flores, y terminaba diciendo “que todos los datos que se nos han presentado hoy, nos ayuden a afrontar las encrucijadas a las que nos enfrentamos para empujarlas en la dirección de un mundo de más justicia, de más fraternidad, del que nadie quede excluido, como miembros de una misma familia humana”.
INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN ARAGÓN
– Aragón mejora sus niveles de integración y sus índices económicos y de desigualdad, pero se cronifica y agrava la exclusión severa.
– Más de la mitad de la población aragonesa en exclusión viven situaciones de vivienda ineducada o insegura.
– El 13,4% de las personas que trabajan están en exclusión social y el 2,1% en exclusión severa
El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Aragón, que se ha presentado hoy en Zaragoza es, en palabras de Guillermo Fernández, coordinador del VIII Informe FOESSA, “un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis en Aragón”.
Hoy en 2019 ya no vivimos una situación similar a la del 2007. Vivimos en un momento de clara mutación social. Un cambio sin precedentes en el camino que parecía seguir nuestra sociedad desde el último cuarto del siglo pasado. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, la erosión de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de las crisis, el ascenso de los particularismos y las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo, están hipotecando nuestro futuro. Cambios a escala planetaria que alcanzan los aspectos más esenciales de nuestro ser.
Este VIII Informe ha sido construido por más de 500 personas. Un equipo de investigación solvente y comprometido con la realidad de los más pobres, 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. Un equipo de encuestación profesional de más de 350 personas que en el caso de Aragón han entrevistado a una muestra representativa de los hogares y la población aragonesa repartida por el conjunto del territorio de la comunidad autónoma. En dichas entrevistas han compartido más de una hora y media de su tiempo para conocer a fondo su situación y poner de forma gratuita las vicisitudes de su vida cotidiana al servicio de la investigación.
El Informe FOESSA Aragón que ahora presentamos tiene un carácter descriptivo y su contenido se encuentra íntimamente vinculado al VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, siendo éste es un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos, realizado al servicio de nuestros decisores políticos y de la sociedad en su conjunto.
Una mirada a nuestra cohesión social que se retrotrae a cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión y cómo estamos enfocando la salida. Una historia que da cuenta de las consecuencias de la crisis en la poscrisis.
¿Qué está sucediendo en nuestra comunidad autónoma?
La primera idea es que la exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país. Hoy el número de personas en exclusión social en Aragón es de 227 mil, el 17,4% de la población de la comunidad autónoma. Es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta. Desde el 2013 a 2018 la exclusión se ha reducido sólo en un 1,6% y en 29.000 personas.
Pero dentro de ella, existe un grupo especialmente vulnerable afectado por problemas de exclusión, que acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado, son 105 mil personas en situación de exclusión social severa. Ha pasado de representar un 7,8% de la población aragonesa en el año 2013 a un 8% en el año 2018. Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos, son algunas de sus características.
Pero si aumentamos aún más el tamaño de la lupa de nuestra mirada, observamos que dentro de estas 105 mil personas en situación de exclusión severa existe un subgrupo de aproximadamente 50 mil personas, que concentra el núcleo de la exclusión más dura en Aragón. Son personas y hogares para los que los mecanismos de protección social han fallado o no son capaces de llegar. Son las personas expulsadas de nuestro marco social.
La segunda idea es que nuestra investigación trae una buena noticia, al menos de forma relativa. Hoy la sociedad integrada, la de aquellas personas que no tienen dificultades para su supervivencia, la que lleva una vida digna en términos materiales, se ha recuperado, pasando de representar el 44% de la población en al año 2013 al 53% hoy en día. Si a este grupo sumáramos las personas que se encuentran en la integración de forma más precaria alcanzaríamos más del 80% de la población aragonesa. Sin embargo, y esta es una de las novedades que hemos descubierto, dentro de la sociedad integrada se está produciendo una quiebra por su base. Hay un grupo de unas 170 mil personas que aun estando en una situación de integración se encuentran en una situación de inseguridad debido a que su colchón de resistencia es débil, y serán los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión si se produce una desaceleración de la economía.
Aragón se caracteriza en definitiva por una tendencia dicotómica durante la recuperación, en la que conviven una mejora nítida en los niveles de integración y en los índices económicos, aparejados a una reducción de la desigualdad, pero que al mismo tiempo presenta un crecimiento de la exclusión severa, que no siente los efectos de la recuperación y, de hecho, agrava sus condiciones de vida, produciéndose un proceso de acumulación de dificultades en la parte más crítica de la exclusión severa.
En ese sentido, los datos de la encuesta ponen de manifiesto la existencia de un cierto riesgo de cronificación de estas situaciones y de polarización de la estructura social, puesto que crece claramente el espacio de la integración plena y se reduce también claramente el espacio intermedio de la integración precaria, mientras se mantiene aún un amplio espacio caracterizado por la exclusión social moderada o severa, que representa aproximadamente a una de cada seis personas residentes en Aragón.
Hemos identificado dos bloques principales de riesgos sociales en esa época nueva y que afectan con más fuerza a esa parte de la sociedad integrada, pero precarizada e insegura, siendo más vulnerable todavía en la sociedad excluida y estancada.
El primero se refiere a la vivienda, ya que es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.
En Aragón la exclusión de la vivienda ha pasado a ocupar el primer lugar frente a la exclusión por del empleo, tanto para el conjunto de la población como para la población en exclusión. El 62,1% de las personas en exclusión se encuentran afectadas por esta situación.
Algunos de los indicadores más destacados serían:
• 16.000 hogares tienen deficiencias graves en la construcción.
• 23.000 hogares sufren situaciones de insalubridad.
• 22.000 hogares presentan situaciones de hacinamiento.
• 26.000 hogares con personas con discapacidad y con barreras arquitectónicas.
• 30.000 hogares con gastos excesivos en la vivienda.
Específicamente, ponemos el foco en dos situaciones de exclusión residencial:
1. En situación de vivienda insegura (vivir temporalmente sin contrato de arrendamiento, vivir bajo la amenaza de la violencia, o con notificación de desahucio…) se encontrarían en Aragón unos 11.000 hogares (2%) con unas aproximadamente 24.000 personas.
2. En situación de vivienda inadecuada (en un espacio que no reúne condiciones adecuadas para la habitabilidad, con hacinamiento, sin acceso a suministros…) se encontrarían en Aragón unos 42.000 hogares (8,1%), lo que alcanzaría a unas 167.000 personas.
El segundo bloque de riesgos se refiere al empleo como factor de integración. El desempleo, a pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos.
La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Es, además, un privilegio con respecto a los demás. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad. Solo algunas cifras sobre la pérdida de capacidad de integración del empleo:
• El 13,4% de las personas que trabajan se encuentran en exclusión social en Aragón, y el 2,1% en pobreza severa, a pesar de su esfuerzo personal, a pesar de salir a luchar todas las mañanas por sus hijos e hijas, a pesar de tener que escuchar que no son suficientemente emprendedores.
• El 40,1% de los hogares en exclusión social en Aragón registran tasas de intensidad laboral media, de entre el 20% y el 80% de la jornada anual disponible.
• La mayores tasas de pobreza y exclusión se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, así el Informe constata que el 31,9% de las personas desempleadas en Aragón se encuentran en el espacio de exclusión y el 18,8% en pobreza severa. Los datos demuestran que no contar con un empleo multiplica por dos el riesgo de caer en situación de exclusión o pobreza severa.
• Los niveles de exclusión social son más elevados entre la población con jornadas parciales que entre los que la realizan a jornada completa.
Además de estos bloques principales de riesgos la distribución de la exclusión en Aragón nos ofrece los siguientes perfiles sociodemográficos:
• 3 de cada 4 personas que sustentan hogares aragoneses en exclusión son de nacionalidad española. Aunque si se es extranjero la probabilidad de estar en el espacio de la exclusión es mayor.
• 1 de cada 2 personas excluidas trabajan. Trabajar no es garantía de poder participar de poder sobrevivir.
• 7 de cada 10 personas son hombres.
El mayor riesgo de exclusión se concentra sin embargo en los hogares con menores, en los hogares monoparentales y de familias numerosas. Se consolida la mayor exposición de las familias con niños y de la juventud a la exclusión social, constituyéndose riesgos relacionados con: la etapa de crianza de las familias, la pérdida de capital humano, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la frustración de proyectos vitales independientes. Los datos de la Encuesta FOESSA sostienen que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de heredar la exclusión, la que, desde la infancia, continúa limitando las capacidades de las personas menos afortunadas. Es la marca de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa marca no para de crecer. Hoy más que ayer, la familia donde naces determina más tus oportunidades.
• En Aragón los hogares que registran tasas de exclusión más elevadas son también aquellos cuya persona sustentadora principal tiene menos de 30 años (22,3%), carece de estudios (19,6%) o es extranjero comunitario (27,5%) o extracomunitario (38%).
Como hemos dicho, en Aragón si se es de nacionalidad extranjera la probabilidad de estar en el espacio de la exclusión es mayor. Hoy en España, y también en Aragón muchas personas están instaladas en el miedo ante una sociedad del descenso y de pérdida de estatus. Un miedo que es aprovechado en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas desde la política y los medios de comunicación allí donde no los había: por ejemplo la xenofobia. Las encuestas de opinión no recogen la inmigración como un problema, solo aproximadamente el 4% de la población piensa que es el primer problema de este país. España es uno de los países donde en menor medida se expresan opiniones abiertamente xenófobas y donde se producen menos fenómenos de rechazo. Solo el 15% de la exclusión social es de fuera de la UE en Aragón. Es importante y urgente establecer una conversación cívica con los que sienten miedo hacia la inmigración, comprender sus razones, pero explicarles el significado de la hospitalidad.
Democracia, participación social y políticas públicas
En este VIII Informe de la Fundación FOESSA constatamos la pérdida de calidad de nuestra democracia. Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo, reduciéndose a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias.
Nuestra democracia es escaso calado cultural, que se asienta por un lado sobre un compromiso político de baja intensidad de la participación cívico política, en Aragón solo muestra interés por la misma el 21% de la población. Por otro, parte de nuestra participación se basa sobre una movilización ocasional a través de internet. Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones. Son los más vulnerables los que ven empeorar su situación personal o familiar cuando la democracia se queda en un manual de procedimientos. ¿Por qué?
Hemos constatado que las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales, registrándose tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, y constituyendo un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación, lo que provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto esto ahondará más en su situación de exclusión social.
A pesar de esa falta de participación, la ciudadanía sigue apoyando el Estado de Bienestar como mecanismo de protección social. 9 de cada 10 aragoneses optaría por tener más prestaciones y servicios sociales pagando más impuestos.
Para poder enfrentarnos al futuro, perder el miedo y fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad planteamos un conjunto de grandes conversaciones cívicas que adecuen definitivamente nuestra forma de convivencia ante este proceso de mutación social que hemos denominado la sociedad desvinculada, destacaremos tres de ellas.
La primera, pensar en la necesidad de crear un nuevo escenario con responsabilidades compartidas. Se abre la necesidad de dialogar en torno a la creación de un sector público compuesto por el espacio de trabajo conjunto de las administraciones públicas, las entidades no lucrativas y las empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales.
La segunda, y muy relacionado con la exclusión social, la conversación debería versar sobre si queremos condicionar el acceso a la supervivencia de las personas a mecanismos de prestaciones y rentas condicionadas o a través de mecanismos de rentas garantizadas. Es decir, deberíamos respondernos a la pregunta de cuanta es la carga que queremos poner sobre los hombros de los pobres para poder ayudarles. Incluso deberíamos respondernos, si a veces, y como decía Bauman ser pobre es un delito.
Por último y quizá sea la conversación cívica más crucial.
¿Cómo conseguir que las personas, inmersas en un mundo que promueve el individualismo decidan (o accedan) a convertirse en una comunidad para facilitar el acceso de terceros? ¿Cómo hacer que la ciudadanía colabore?
El reto está en saber —y poder— construir consensos, y la herramienta que parece clave en estos momentos es la construcción de un tejido social capaz de pensar en común los diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente social.
En definitiva, en el año 2013 planteábamos que se estaba privatizando el vivir social, cinco años después creemos que “Vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás, y por ello necesitamos re-vincularnos, y la construcción de comunidad tendrá un papel esencial”.
