¿Qué sociedad queremos construir?
Ante las elecciones generales de 2026, desde Cáritas presentamos propuestas para situar la dignidad humana y los derechos de todas las personas en el centro de las políticas públicas. Porque combatir la pobreza y la exclusión exige decisiones que transformen sus causas y garanticen oportunidades para quienes más lo necesitan.
Podemos obligar por ley a que lo que hemos firmado se lleve a cabo.
Que un organismo que ya existe en nuestro país (Comisión Interministerial de Coordinación en Materia de Tratados y otros Acuerdos Internacionales) revise la ejecución de estos compromisos.
Podemos hacer que la transición ecológica también garantice energía, agua o transporte a quienes son más vulnerables.
Mientras caminamos hacia un modelo más limpio, nadie se quede sin lo básico: poder pagar la factura de la luz y el agua, así como tener un transporte público que llegue también a los pueblos y a quienes tienen más dificultad para moverse.
Podemos modificar la ley para proteger más y mejor a quienes se enfrentan a un desalojo.
Cambiar la ley que regula los alquileres para proteger mejor a quienes alquilan habitaciones.
Modificar la ley para que las personas más vulnerables no puedan perder su vivienda si no tienen alternativa habitacional.
Podemos ampliar la cobertura pública para que cuidar la boca, la vista y el oído sea un derecho, no un lujo.
Ampliar los servicios integrados en la cartera básica de salud pública para cubrir todos los tratamientos necesarios, no solo la revisión y la urgencia, y priorizar el acceso de los servicios que ya existen a los colectivos más vulnerables.
Podemos construir un sistema de cuidados que proteja tanto a quien cuida como a quien es cuidado.
Que cualquier persona que necesite cuidados —niños, mayores, personas con discapacidad o enfermedad— tenga ese derecho garantizado. Y proponemos que quienes se dedican a cuidar y al empleo del hogar, tengan por fin un sueldo y unos derechos laborales dignos.
Podemos frenar el abuso de las jornadas a tiempo parcial y abrir nuevos caminos hacia el empleo digno.
Proponemos que trabajar a tiempo parcial sin quererlo deje de ser la norma: si una empresa contrata a alguien a media jornada, tendrá que justificarlo, y si no puede, se entenderá que es jornada completa.
Proponemos reconocer y regular la formación de acceso al empleo desarrollada por las entidades sociales para las personas que más difícil tienen encontrar trabajo.
Podemos desarrollarla para que proteja de verdad a quienes siempre se quedan fuera.
Proponemos aprobar las normas que faltan para que esta ley funcione en la práctica. Con ello se busca prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, que la igualdad de trato esté presente en todas las políticas públicas y que la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación pueda vigilar su cumplimiento.
Podemos simplificarlo para que sea un derecho real, no una carrera de obstáculos.
Reformar el Ingreso Mínimo Vital para corregir exclusiones, simplificar requisitos y procedimientos, reducir los tiempos de resolución, garantizar que llegue a quien lo necesita, y mejorar la coordinación con las prestaciones de las comunidades autónomas.
Podemos abrir caminos legales y seguros.
Proponemos revisar las vías legales de acceso a España, hoy casi limitadas al empleo, porque empujan a personas en situaciones de especial dificultad a rutas peligrosas.
Proponemos garantizar el acceso a las prestaciones sociales básicas, también para quienes están en situación administrativa irregular: algo que la Ley ya reconoce, pero no se cumple.
Podemos contribuir a frenarla con una Ley contra la Trata y Explotación de Personas.
Proponemos una ley integral que aborde todas las formas de trata, priorizando la protección, asistencia integral y reparación a las víctimas. Además, debe coordinar el trabajo de forma unificada en todo el territorio, eliminar las lagunas jurídicas actuales y tener una dotación presupuestaria suficiente para que sea efectiva.
Podemos seguir trabajando para alcanzar esa cifra y ayudar a quien más lo necesita, aquí y en el resto del mundo.
Proponemos cumplir con el objetivo de destinar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo y garantizar que esa ayuda sea realmente solidaria: que se dé en formas alternativas a los préstamos, que no se use para otros intereses y que no financie proyectos que dañen el medio ambiente o los derechos de las comunidades locales.
Las propuestas de Cáritas nacen de la experiencia de las personas que viven situaciones de pobreza y exclusión y reclaman políticas que garanticen derechos y combatan las causas de la desigualdad.
Apelamos al compromiso de los partidos políticos para situar la dignidad humana y el bien común en el centro de sus decisiones.
Te invitamos a conocer, compartir y defender estas propuestas. Porque una sociedad en la que nadie quede atrás necesita compromiso colectivo y decisiones concretas.
