Ser madre no puede ser sinónimo de exclusión
Ana Belén, técnica en la Plataforma de Ayuda a la Mujer Embarazada de Cáritas Diocesana de Jaén, comparte su experiencia acompañando a mujeres que afrontan la maternidad en contextos de precariedad, soledad y desigualdad estructural.
Actualmente trabajo como técnico en la Plataforma de Ayuda a la Mujer Embarazada de Cáritas Diocesana de Jaén, y cada día confirmo que la pobreza tiene rostro de mujer. Pero no solo eso: tiene rostro de mujer joven, de madre sola, de migrante, de trabajadora precaria; de mujer que sostiene sola la vida mientras el sistema le da la espalda.
Las mujeres que acompañamos no llegan únicamente con una necesidad puntual. Llegan atravesadas por desigualdades estructurales que se acumulan y se heredan. El embarazo, que debería ser un momento de cuidado y protección, se convierte muchas veces en un factor de mayor vulnerabilidad. Muchas de ellas ya vivían en precariedad antes de quedarse embarazadas; otras pierden el empleo al comunicar su situación; otras ven cómo la relación de pareja se rompe y quedan solas, asumiendo en exclusiva la responsabilidad económica y emocional.
En la Plataforma vemos con claridad cómo el género impacta directamente en la exclusión social. La mayoría de las mujeres que atendemos están en situación de desempleo o en trabajos extremadamente precarios: economía sumergida, empleos temporales o jornadas parciales impuestas. Cuando nace el bebé, las posibilidades de inserción laboral se reducen aún más. La conciliación efectiva resulta prácticamente inalcanzable para quienes carecen de una red familiar de apoyo, y más aún cuando no se dispone de recursos suficientes para asumir los costes del cuidado.
Cuando hablamos de hogares monomarentales, hablamos de mujeres que cargan solas con todo: la crianza, los gastos, las gestiones administrativas, la búsqueda de empleo y el acompañamiento emocional de sus hijos e hijas. No hay turnos, no hay descanso. Y el sistema de protección sigue sin estar diseñado para esta realidad.
El acceso a la vivienda es uno de los mayores factores de exclusión que observamos. Los precios del alquiler, sumados a la exigencia de contratos estables y nóminas que muchas no pueden presentar, dejan fuera a estas mujeres del mercado formal. Muchas sobreviven en habitaciones realquiladas, en viviendas sobreocupadas o en situaciones de inseguridad residencial permanente. Para una mujer embarazada o con un bebé, esta inestabilidad no es solo un problema económico: es una fuente constante de angustia.
A esto se suma una barrera silenciosa: la burocracia. Los trámites son largos, digitales y complejos. Muchas mujeres carecen de competencias digitales, de documentación regularizada o de apoyo para gestionarlos. Así, la exclusión administrativa se suma a la exclusión económica, cerrando aún más las puertas.
Desde mi experiencia en la Plataforma, podemos afirmar que no estamos ante casos aislados, sino ante el resultado de una desigualdad estructural que coloca a las mujeres en mayor riesgo de pobreza y exclusión. El embarazo no crea la desigualdad, pero la intensifica y la hace más visible.
Porque la maternidad no debería ser un factor de exclusión.
Y porque la pobreza, cuando tiene género, exige respuestas con perspectiva de género.
