El 28 de febrero de 2023 se produjo el naufragio del barco MT Princess Empress, cargado con 800.000 litros de combustible industrial, en Filipinas; concretamente, entre las islas de Mindoro y Palawan, en la bahía de Tayabas. La guardia costera pudo rescatar a todos los tripulantes, pero el barco se hundió a 400 metros liberando gran parte de su carga.

Más de 100.000 personas afectadas

El derrame de petróleo ha afectado, hasta ahora, a más de 108.000 personas en 118 aldeas en las provincias de Mindoro Oriental y Palawan, según la Oficina de Defensa Civil (OCD). El municipio de Pola es la zona cero, con doce de sus barangays costeros directamente afectados por el derrame de petróleo.

Los municipios de Naujan, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Roxas, Mansalay y Bulalacao han sido declarados zonas catastróficas para hacer frente a las secuelas del derrame de petróleo y facilitar la distribución de ayuda a las comunidades afectadas. Del mismo modo, la ciudad de Caluya, en Antique, también ha declarado el estado de calamidad.

Según estimaciones recientes, el derrame de petróleo podría afectar a más de 36.000 hectáreas de ecosistemas marinos vitales como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos. Los informes indican que el derrame ya ha llegado a la provincia de Antique en las Visayas, y se espera que se extienda más al sur.

La respuesta de Cáritas

Se ha establecido una prohibición de pescar en Mindoro, lo que ha llevado a que los precios de los productos cárnicos y avícolas están aumentando. Cáritas Filipinas se ha comprometido a apoyar a 250 familias damnificadas por el derrame con la distribución de alimentos que se pondrán a disposición de las comunidades costeras. Además, ha diseñado un plan para apoyar a familias vulnerables con becas de estudios y con programas de recuperación de sus medios de vida. Este plan será financiado por Cáritas Española y otras Cáritas de la red internacional.

Cáritas Filipinas denuncia que las consecuencias de accidentes, como este que ha ocurrido recientemente, recaen, como siempre, sobre las personas más vulnerables. Pide responsabilidad a la compañía y aboga por una norma que proteja la biodiversidad y las comunidades costeras, limitando las rutas de transporte marítimo.