29/06/2021

La anestesia de la indiferencia

Los constantes incendios producidos en asentamientos de personas temporeras en Almería y Huelva intensifican su situación de extrema vulnerabilidad.

Las llamas han vuelto a cebarse con los asentamientos de trabajadores y trabajadoras del campo de Almería. El pasado jueves 17 de junio tuvo lugar otro incendio en el asentamiento de Don Domingo de Atochares (Níjar). El siniestro ha calcinado unas 50 chabolas, dejando sin hogar a 150 personas, entre ellas, un grupo de mujeres.

Aunque en esta ocasión no debemos lamentar pérdidas de vidas humanas como desgraciadamente ocurrió en el incendio del pasado 19 de Mayo en un asentamiento de Lucena del Puerto donde dos personas fallecieron, sí que los daños materiales son significativos, así, estas personas han visto como lo perdían todo. Además de sus viviendas, se han quedado sin el poco dinero que tenían, y sin la documentación que acreditaba su identidad o permanencia en el país.

Este nuevo incendio pone el dedo en la llaga sobre una herida, la indiferencia y total insensibilidad de todas las administraciones públicas para dar una respuesta digna a las denigrantes condiciones de vida de estas personas. Estos incendios intensifican su situación de extrema vulnerabilidad y además conlleva una estigmatización de lo que significa trabajar y vivir en esos espacios, aumentando el rechazo por parte de la sociedad y la apatía e indolencia con la que actúan las instituciones públicas.

Las propias voces de las personas afectadas por esta secuencia de incendios en Almería, lo expresan de forma clara: “No nos quieren en este país. No nos quieren en Francia, ni en Alemania. No nos quieren en ningún sitio… a nosotros no nos quiere nadie, solo nos quiere Dios”. Por desgracia esta situación no es exclusiva de Almería, sino que es una triste realidad que desde hace años la diocesana de Huelva viene denunciando en la provincia.

Desde 2020 se han producido más de 13 incendios que han afectado aproximadamente a unas 2.200 personas, y en todas las ocasiones las administraciones públicas han hecho una dejación de sus responsabilidades en dar una respuesta habitacional a estas personas. Las soluciones siempre han tenido que venir de parte de las organizaciones sociales y personas de los propios asentamientos que han reubicado en sus habitáculos a quienes lo habían perdido todo.

Esta sucesión de incendios y la falta de respuesta por parte de las administraciones, son una gota más, en la gravísima situación de vulneración de derechos humanos que sufren: explotación laboral, infravivienda, exclusión residencial y discriminación.

Todo ello, agravado por un sentimiento de decepción y tristeza al ver que nadie se preocupa, ni hace nada, y que la única respuesta de la administración es llevar la pala excavadora para vallar el área del incendio, y evitar así que vuelvan a construir sus “viviendas”.

Es hora de que como sociedad civil nos sacudamos la anestesia que propicia esta cultura de la indiferencia, que de forma tan valiente ha denunciado el Papa Francisco, y que exijamos a nuestras autoridades con más fuerza otro tipo de ayudas y alternativas hacia estas personas.