Derecho a ingresos y derecho a la inclusión social para recuperar la cohesión social y salir de la crisis

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo». Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha marcado un punto de inflexión para la Agenda 2030. De los gobiernos depende dirigir sus esfuerzos para que sea un repunte hacia un mundo solidario y cohesionado o un punto de no retorno.

La crisis generada por la COVID-19 ha provocado un notable agravamiento de las condiciones de vida y niveles de integración social ya degradados en la crisis anterior de 2008 en España. Sus efectos han golpeado incluso con más fuerza a los que ya eran los más frágiles, a los que no han llegado las medidas del escudo social y ya no podían contar con el soporte de sus recursos propios de protección, desgastados en la Gran Recesión.

La mirada atenta de Cáritas y nuestra experiencia directa con las personas y familias más vulnerables nos permite reafirmar la complejidad de las situaciones de pobreza y exclusión social. La pobreza tiene muchas caras, lejos de poder entenderse solamente por la falta de ingresos. No se debe ver la pobreza como el único producto del contexto económico (crecimiento lento, presupuestos públicos ajustados), sino también como el producto de estructuras económicas y sociales que deterioran el empleo y los cambios sociales que no han sido suficientemente tomados en cuenta por las políticas públicas.

España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, los análisis de la Fundación desde hace más de una década nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relacionar principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. El sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares en nuestro país.

Hablar de pobreza es hablar de personas, pero también es hablar de sus derechos. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades.

Tenemos el reto apremiante de consolidar nuestro sistema de garantía de rentas para que realmente proteja a los hogares más vulnerables. Para ello, el Ingresos Mínimo Vital debe seguir mejorando en términos de cobertura y protección para ser un sostén económico efectivo y sostenible para todas las familias que necesitan de estos ingresos. Pero, si bien un apoyo económico es esencial para garantizar el derecho a la supervivencia material, en muchos casos no será suficiente. La pobreza y exclusión social es «multidimensional», impactando tanto la inseguridad monetaria como el estado psicológico, el acceso a los derechos o la alimentación, el sentimiento de aislamiento o el abandono escolar. En definitiva, se necesita reforzar nuestro sistema de protección social para garantizar también nuestro derecho a la inclusión social y acceso al conjunto de los derechos sociales.