Colombia, cinco años de los acuerdos de paz
Campesinos y líderes comunitarios hablan sobre la situación actual en los territorios rurales, el recrudecimiento de la violencia en los últimos tiempos y el trabajo de Cáritas por la paz.
El pasado mes de noviembre se cumplieron 5 años de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia; un acuerdo que iba más allá del cese de la violencia y la dejación de armas, y que incluía la reparación a las víctimas y la atención a sus derechos y su dignidad. Así, entre otras medidas que se deben ejecutar en un plazo de 15 años, se contemplaba una reforma rural integral o la construcción de infraestructuras sociales y de comunicación en las zonas rurales.
La vida en las comunidades rurales
Cinco años después, ¿cómo es la vida en las comunidades rurales más afectadas por el conflicto? “Siempre he creído que el diálogo era lo que traería la paz a Colombia. Pero han pasado 5 años y la paz no llega a los territorios. El conflicto sigue; incluso en los últimos tiempos se está agudizando”, cuenta José (nombre ficticio), defensor de derechos humanos del Departamento colombiano de Córdoba.
José opina que “han intentado pacificar los territorios, pero no han querido ‘territorializar’ la paz. Si nos vamos al primer punto de los acuerdos de paz, que era la reforma rural integral, no la vemos, ni tampoco esa inversión social que debería llegar a las comunidades campesinas; no está llegando”. “Las familias están entrando en la pobreza, porque no pueden cultivar ni hay desarrollo en el territorio rural. Los campesinos no tienen ningún apoyo”, añade.
Marina y Ana (también nombres ficticios) son dos lideresas comunitarias del sur de Córdoba. Estas mujeres tienen una opinión similar a la de José. “En nuestros territorios no se están ejecutando bien los puntos adoptados en los acuerdos de paz –explican–. Seguimos siendo comunidades aisladas. No tenemos carreteras ni puentes en buen estado. Si hay alguna emergencia no tenemos centro de salud, y no tenemos buenas comunicaciones y medios de transporte para una atención sanitaria rápida”.
Aumento de la violencia
Además de pedir que el Gobierno garantice el ejercicio de sus derechos –a la salud, educación, nivel de vida adecuado, etc–, estos líderes comunitarios exigen que se respete la vida y la dignidad de las personas y que el Gobierno garantice su seguridad.
“Si comparamos la situación actual con la que teníamos antes de los acuerdos, es cierto que se han reducido los combates y las matanzas, pero ahora otros grupos armados han ocupado el lugar de las FARC y sigue habiendo violencia y desplazamiento de personas”, apunta José. “En los últimos 2 o 3 años, hay amenazas, inseguridad, asesinatos de defensores de derechos humanos… El conflicto se recrudece”, concluye.
“La guerra no se ha ido –coinciden Marina y Ana – han cambiado los grupos [armados] presentes en los territorios, pero la amenaza a las comunidades, y sobre todo a sus líderes y lideresas, se mantiene fuerte”.
En este contexto, ellas valoran el acompañamiento de Cáritas y la Iglesia a las comunidades rurales. “El trabajo de Cáritas se basa en autoprotección y en la unión de la comunidad para enfrentar las amenazas; quieren empoderar a las personas, quieren llegar al fondo, que aprendamos más, no vienen y se van, ellos permanecen”.
Foto: Cáritas Colombia
