Acción social05/06/2020

Acompañar la incertidumbre

La tramitación administrativa de la documentación de extranjería se encuentra en suspensión de los plazos administrativos y la tramitación telemática en sus procesos.

La situación provocada por el estado de alarma ha incrementado de forma significativa las consultas y demandas de ayuda de las personas migrantes y refugiadas en las Cáritas Diocesanas.

La tramitación administrativa de la documentación de extranjería, vital para el ejercicio de sus derechos ha pasado de los retrasos que ya existían y del colapso en el acceso a las citas a la suspensión de los plazos administrativos y la tramitación telemática en sus procesos.

De esta forma, en la información y orientación que se está brindando desde los servicios diocesanos se perciben niveles superiores de inseguridad, miedo, y ansiedad ante lo que el futuro les deparará a muchas familias. Nuestros agentes se encuentran ante el reto de acompañar a las personas en esa profunda incertidumbre sobre el futuro inmediato.

Las cáritas constatan una enorme desesperación en miles de personas y familias que ven como la inseguridad se apodera de sus vidas, al ver interrumpidos los trámites y procedimientos administrativos relacionados con su situación documental.

Así, en los servicios de acogida de Cáritas Diocesana de Burgos y Cáritas Diocesana de Oviedo expresan como los solicitantes de protección internacional no pueden acceder a ninguna ayuda dadas las actuales circunstancias.

Por su parte, Cáritas Diocesana de Barcelona constata que la actual situación ha producido un colapso en la petición de autorizaciones de residencia inicial (arrastraban anteriormente unos 7 meses para citas iniciales de extranjería y un año para solicitantes de protección internacional), y en las citas de comisaría para la Tarjeta de identidad de extranjero (TIE). Desde Cáritas Diocesana de Zaragoza señalan que “al no poder renovar su temor se vuelve ansiedad, y les influye en su estado de ánimo y en cómo se relacionan“.

No se trata sólo del futuro inmediato sino también de las perspectivas a medio plazo. A esta paralización administrativa, hay que añadir que para todas estas personas el futuro se vuelve sombrío dadas las dificultades para acceder a regularizaciones iniciales por arraigo social ante la falta más que previsible de empleo en los próximos tiempo.

En sectores como el empleo doméstico, por ejemplo, se suma la imposibilidad de renovar la documentación al no disponer de contratos de trabajo con la duración requerida, con el riesgo de caer en una situación de irregularidad sobrevenida. Todo ello se traduce en consecuencias muy graves y trascendentes en el acceso a derechos básicos para su vida y la de sus familias.

El gobierno consciente de esta inseguridad jurídica para las personas extranjeras, publicó el pasado 18 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una orden que prorroga de manera automática todas las autorizaciones de residencia, trabajo o estudios que venzan durante la vigencia el estado de alarma o que lo hubieran hecho hasta tres meses antes de su declaración el 14 de marzo. Sin embargo, esta medida que evitará de forma inmediata a las personas migrantes y refugiadas la pérdida de sus autorizaciones de residencia. No logra despejar el medio y largo plazo de su situación documental.

Por eso, nuestra acción social en la presente coyuntura se encuentra ante el reto de saber acompañar estas situaciones personales y familiares de especial vulnerabilidad, dado que las barreras infranqueables de la documentación imposibilitan el acceso a cualquier tipo de ayuda o recursos. Sin citas no hay derechos.

Foto: Cáritas Diocesana de Tenerife