El programa de Mediación Jurídica de Cáritas atendió 2.150 casos el pasado año
La vivienda, las prestaciones y los recursos ante la Administración concentran la mayoría de intervenciones de este programa.
Las desigualdades, la huella social provocada por las últimas crisis o las dificultades para acceder a una vivienda son algunas cicatrices que se reflejan en la memoria del programa de Mediación Jurídica de Cáritas Diocesana de Albacete, que cerró el 2025 con 2.150 casos atendidos. Esta cifra consolida la tendencia al alza de los últimos años y refleja el impacto acumulado de las crisis económicas y sociales sobre las personas y familias más vulnerables, así como el modelo de sociedad al que estamos asistiendo en este último periodo.
Esta realidad no es aislada. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en el municipio de Albacete (EINSFOESSA 2024) estima que entre 34.000 y 43.000 personas —el 22,3% de la población— se encuentran en situación de exclusión social en la ciudad, y que la exclusión severa afecta ya al 12,5% de la población, un porcentaje superior tanto al regional como al estatal que pone de relieve esta creciente brecha.
Asistencia jurídica en situaciones de exclusión
Lejos de responder únicamente a conflictos penales, el grueso de las actuaciones de este programa se concentró en la asistencia jurídica a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en materia de prestaciones públicas, en alegaciones ante la Administración, deudas civiles y desalojos de vivienda habituales, acumulando un total de 1.339 casos en total.
“El incremento de intervenciones tiene que ver sobre todo con la dificultad real de muchas familias para sostener derechos básicos como la vivienda o el acceso a ingresos mínimos”, explica Pepe Sánchez, responsable del Programa de Mediación Jurídica.
Esta realidad conecta con la fotografía descrita el Informe FOESSA que advierte que el acceso a la vivienda y la precariedad económica actúan como los principales factores estructurales de exclusión en la ciudad, y pone el foco en las mujeres, las familias con menores de edad, en la población gitana y en la población migrante como colectivos más afectados.
La Memoria refleja que el perfil de la población atendida desde este programa, aunque en un 30 por ciento de los casos procede de los barrios La Estrella y La Milagrosa, se ha extendido a otros puntos de la ciudad como pueden ser El Ensanche o los barrios del Pilar e Industria. Entre los asuntos civiles, destacan la paralización de desalojos y la gestión de deudas civiles y administrativas, que ya se venían arrastrando desde la Gran Recesión 2008/2013 y que sigue provocando la incorporación de un perfil de la población que no estaba demandando los servicios de este programa, unido a las dificultades con las que cuentan para salir de las diferentes situaciones que atraviesan.
A ello se suma además el elevado volumen de actuaciones vinculadas al Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones: 312 intervenciones en materia de prestaciones y 400 alegaciones y recursos ante la Administración. Pepe Sánchez ha explicado que esta intensidad en el aumento de intervenciones se debe a la lenta adecuación del sistema de gestión a las especiales características de la población potencialmente beneficiaria, y ha recordado que “el IMV sigue sin alcanzar a determinados colectivos vulnerables al plantear condiciones de acceso y de continuidad injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan”.
Alternativas a prisión y atención penitenciaria
En el ámbito penitenciario, desde el programa de Mediación Jurídica se realizaron 671 actuaciones de asistencia jurídica, principalmente relacionadas con permisos (177), tercer grado (96) y otras gestiones vinculadas al cumplimiento de condena, y gestionó 130 casos de alternativas a prisión, una medida que, recuerda el responsable del programa, cada vez evidencia más su eficacia en procesos de inserción.
Trabajo en red y reforma del modelo
Ante esta realidad, Cáritas insiste en que la respuesta no puede ser aislada. “Necesitamos coordinación real entre administraciones, entidades sociales y recursos comunitarios. Garantizar el acceso efectivo a derechos es la única vía para frenar la exclusión severa que seguimos constatando año tras año”.
De ahí que el programa haya hecho un esfuerzo importante en la sensibilización participando en diferentes jornadas, congresos y ponencias en las que poder abordar las nuevas problemáticas sociales desde distintos puntos de vista junto con otras organizaciones que intervienen en el ámbito social.
Fruto de ese esfuerzo destaca la participación de Pepe Sánchez, abogado y responsable del programa, en el Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico Penitenciario y del Turno de Oficio Penitenciario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, implementado en 2025 y destinado a las personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Albacete.
En este contexto desigual, Cáritas sigue reafirmando su compromiso de acompañamiento jurídico y social, poniendo los derechos y la dignidad de las personas por encima de todo.
