LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA, UNA MEDIDA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA, ÉTICA Y SOCIAL
Desde que el Gobierno español anunciara, el pasado mes de enero, la regularización extraordinaria de migrantes, las principales instituciones de la Iglesia en España —la Conferencia Episcopal Española, el Departamento de Migraciones, Cáritas, CONFER y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario— expresaron públicamente su respaldo firme y unánime a este proceso.
Y ahora que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que da luz verde a la regularización, queremos recordar por qué las entidades de Iglesia apoyamos este proceso:
- Todas las entidades consideramos que esta medida es “un acto de justicia social” y un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería para garantizar los derechos y la dignidad de quienes ya forman parte de la sociedad española, pero permanecían en situación irregular.
- Este apoyo se fundamenta en la Doctrina Social de la Iglesia y en un mandato evangélico claro: la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes. El papa Francisco ha insistido en repetidas ocasiones en que nadie debe quedar excluido de la mesa común de la humanidad y que la presencia de migrantes debe ser reconocida como una bendición que enriquece a las comunidades.
- Apoyar la regularización es una exigencia de derechos humanos y una expresión coherente del Evangelio en la vida pública.
La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.
La regularización administrativa transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida.
También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato— sin miedo. La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo. En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.
La regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar.
Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un período muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.
Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.
