IX informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Galicia
El pasado miércoles 28 de enero tuvo lugar la presentación del informe FOESSA territorial de Galicia que ha dejado entre otros los siguientes titulares:
- “Uno de cada cuatro hogares sufre exclusión residencial».
- «Trabajar ya no garantiza la inclusión: los salarios reales en Galicia apenas suben un 0,7% frente a la inflación»
- «El sistema de rentas se debilita: el IMV solo cubre a la mitad de los pobres severos y la RISGA cae un 50%
- «La exclusión en salud crece 5 puntos en Galicia mientras el descontento impulsa el seguro privado»
- «FOESSA urge un nuevo pacto social en Galicia: ‘No fallan las personas, falla un sistema agotado'».
Y señalando como los perfiles más vulnerables:
- Familias monoparentales: Presentan un 31% de incidencia de exclusión.
- Población extranjera: Su tasa de exclusión (51%) es cinco veces mayor que la de las personas con nacionalidad española (9%).
- Infancia: Los menores de 18 años tienen una tasa de exclusión (18%) tres veces superior a la de los mayores de 65 años.
El Informe FOESSA en Galicia analiza la realidad de exclusión social, que es un concepto mucho más amplio que la pobreza económica. Se trata de un fenómeno complejo que supone la acumulación de distintas dificultades y limita la integración de las personas en la comunidad. El estudio es fruto de una encuesta científica realizada a una muestra representativa de 590 hogares en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, dedicando más de una hora en cada hogar a conocer de cerca sus condiciones de vida y sus dificultades cotidianas.
El informe sostiene que «no fallan las personas, falla el sistema». La exclusión es el espejo de una sociedad que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos, especialmente en la vivienda y la salud. Además estamos ante un modelo ecológicamente insostenible, basado en el sobreconsumo y en la extracción desigual de riqueza. También es un modelo individualista, sostenido sobre una meritocracia ficticia que convierte la desigualdad estructural en un supuesto fracaso personal. El resultado es una sociedad del miedo y la desconfianza, en la que la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individualista y la desafección democrática. Todo ello deja un saldo humano de vidas bloqueadas, aisladas y sin esperanza, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
El informe propone un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Este nuevo modelo debe reconocer que dependemos unos de otros y del entorno natural, y que el bienestar no puede medirse solo por el consumo individual, sino por la capacidad de “biencuidar”: garantizar vidas dignas y sostenibles para todos.
Para revertir esta situación, propone:
- Necesitamos unas instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar por el bien común.
- Ampliar el parque de alquiler social y frenar subidas abusivas.
- Impulsar empleos verdes y de cuidados con «tolerancia cero» a la precariedad.
- Garantizar, desde una fiscalidad adecuada, un sistema estable de rentas y servicios sociales suficientes con enfoque comunitario.
- Impulsar la integración de la población migrante, con un sistema de acogida digno y estable e itinerarios laborales. Acelerar la regularización de la población migrante para asegurar sus derechos.
El desafío es construir un nuevo pacto social que ponga la mirada en el cumplimiento de los Derechos Humanos, en el respeto a la dignidad de cada persona y en la construcción de la sociedad del bien común.
