La Plataforma Tercer Sector solicita que se impulse “una Ley del Tercer Sector social en Aragón” y que se dote “de una Mesa de diálogo social”
Ana María Sancho y Jesús Luesma, presidenta y vocal de la plataforma, respectivamente, han intervenido en la Comisión de Comparecencia Ciudadanas para impulsar el proceso del Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social de Aragón
“Para que las personas puedan tener una participación real, les pedimos que impulsen la tramitación de una Ley del Tercer Sector social en Aragón y que se dote de una Mesa de diálogo social”, ha expuesto Ana María Sancho, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector en Aragón, quien ha comparecido en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, a petición propia. Sancho ha añadido que “la ley que proponemos debería recoger qué entendemos por tercer sector social -entidades ciudadanas que actuamos desde la autonomía y la participación- y qué hacemos -inclusión, participación ciudadana, lucha contra la discriminación, participación-, al mismo tiempo, reconocer el valor común detrás de estas actuaciones”.
Del mismo modo, la presidenta de la plataforma ha afirmado que “hemos finalizado un nuevo borrador de la ley y la ponemos a disposición de esta Cámara desde la voluntad del diálogo, presentando un texto abierto que sea punto de partida para recuperar un proceso legislativo que Aragón necesita culminar”. “Venimos a pedir un marco legal que nos dote de mayor capacidad para defender a las personas, al servicio de la ciudadanía, que contribuya a mejorar la respuesta social y que ayude a construir políticas públicas más cercanas y ajustadas a las necesidades sociales”, ha insistido.
Además, Sancho ha hecho hincapié en que “fortalecer el tercer sector significa impulsar el voluntariado, favorece la participación y reconocer el valor de las entidades arraigadas en el territorio”. Asimismo, ha manifestado que “el tercer sector reúne 500 entidades, 60.000 personas voluntarias y llega a 750.000 personas atendidas, la mitad de nuestra población”.
Para finalizar, Jesús Luesma, vocal de la plataforma, ha exigido “insten al Gobierno de Aragón a la creación de la Mesa de diálogo social, para ejercer ese papel de una manera estable”, al tiempo que ha asegurado que se trata de “un espacio permanente y bidireccional, de diálogo permanente, no solo cuando existe un problema concreto”.
Desde el PP, María José Vicente ha expresado que son “el eje de todo el trabajo, personas que acompañan en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o discapacidad” a la vez que ha considerado que “las entidades sociales tienen un conocimiento directo de muchas realidades y creemos en una colaboración basada en la confianza, la transparencia y la adecuada utilización de los recursos públicos”. “Desde el PP queremos reconocer ese trabajo, desde una posición constructiva”, ha destacado la diputada popular.
Por parte del PSOE, Carmen Soler ha hecho un llamamiento “a PP y Vox para que se desatasque la ley y poder tener un mundo más justo y solidario”. “Necesitamos una ley que se realice por las personas que estáis en el día a día a pie de calle, que conocéis mejor que nadie las necesidades que tenemos”, ha reconocido, y ha reclamado “un modelo en el que las entidades seáis entendidas más allá que simples ejecutoras, sino como espacio de transformación social”.
Marta Fernández, de Vox, ha manifestado que “somos más de desregulación” a la vez que ha destacado que “no quita para que defendamos su labor como entidades”. “El sector merece una legislación estatal, ya que data de 2015, las leyes estatales no pueden quedarse dormidas y que, por eso, tengamos que regular desde los parlamentos autonómicos porque no llega la legislación estatal”, ha resaltado.
La diputada de CHA Isabel Lasobras ha afirmado que “no venís solamente a pedir una ley, sino con una propuesta clara, trabajada y construida desde la experiencia”. “Cuando hablamos del tercer sector social hablamos de entidades que van más allá de donde no llega la administración, acompañáis y detectáis situaciones de vulnerabilidad”, ha insistido Lasobras.
Desde el G. P. Mixto (A-TE), Pilar Buj ha señalado que el proyecto de ley “tiene sensibilidad territorial explícita” y que “da cauce estable a la interlocución entre el tercer sector y el Gobierno de Aragón, algo que hasta ahora depende de la voluntad política”. “Valoramos de manera muy especial el proyecto porque la realidad es que se ha atascado en estas Cortes”, ha concluido.
