Participación ciudadana y democracia en Colombia
Una visión rápida del proyecto
- Quién lo hace: Cáritas Colombia-SNPS.
- En qué consiste: fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en participación ciudadana y ejercicio de derechos.
- A quién va dirigido: 30 organizaciones, en las que participan 1.376 personas. El resultado del proyecto alcanzará a 10.000 personas.
- Qué persigue el proyecto: contribuir a la mejora de los procesos de gobernanza y el acceso a derechos en los departamentos de La Guajira, Magdalena y César.
- Duración: abril 2017-abril 2019.
- Presupuesto: 359.300 €.
El proyecto busca el fortalecimiento democrático de las organizaciones y el aumento de sus competencias para incrementar la participación ciudadana y la defensa de sus derechos.
De igual manera, se acompañará el proceso de implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), especialmente en la Diócesis de Valledupar, donde se encuentran dos de las Zonas Veredales Transitorias donde las FARC se agrupan para su desmovilización. Así mismo el proyecto impulsará espacios de reconciliación y paz en los municipios seleccionados.
Situación de las organizaciones locales
Las organizaciones que participan son juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas del conflicto armado, asociaciones de campesinos o productores, asociación de recicladores, organizaciones de mujeres y organizaciones de jóvenes y consejos indígenas.
Desconocen la mayoría de las políticas públicas de su territorio, los espacios de participación y los mecanismos para exigir sus derechos. En sus territorios hay deficiencias en la prestación de servicios públicos, altos niveles de corrupción y actores armados ilegales.
En general el funcionamiento recae sobre una o dos personas. Debido a los bajos conocimientos que tienen acerca de los mecanismos de participación y exigibilidad de derechos, su labor sociopolítica se ve afectada, aunque se identifiquen como defensores de derechos humanos y gestores del bienestar de sus comunidades.
Por qué desarrollamos este proyecto
Los municipios de Maicao, Riohacha, Aracataca y Ciénaga están afectados afectados por problemas de corrupción, necesidades básicas insatisfechas y problemas medioambientales. En los de Fonseca y La Paz además se lleva a cabo la ubicación de las FARC –EP en el proceso de alto el fuego definitivo y abandono de las armas.
Esta región, también tiene en común la presencia de grandes actividades mineras y energéticas que afectan a la población en varios aspectos como: la dependencia laboral a esta actividad, oferta de empleo no cualificado para los pobladores y privilegio de trabajo cualificado para personas que no son de la zona, deterioro ambiental por el transporte de carbón.
Otra problemática es el acceso a agua potable, porque se prioriza su uso en actividades agroindustriales como el cultivo de palma y las minería.
A todo ello se añade la corrupción y la poca confianza en las entidades estatales, que provoca el bajo interés de la ciudadanía en el seguimiento, control y participación política sobre las actividades que se desarrollan en la zona y afectan el goce de derechos de los habitantes.
Actividades que se realizan
- Talleres de diagnóstico de funcionamiento interno de las organizaciones y necesidades de las comunidades a las que representan.
- Elaboración y puesta en marcha de planes de vida organizativos y comunitarios.
- Formación y alianzas para el desarrollo de proyectos comunitarios.
- Formación en equidad y uso de las TIC.
- Escuela de liderazgo sobre participación ciudadana y defensa de derechos.
- Conformación y participación en espacios públicos de control ciudadano en medio ambiente, corrupción y servicios públicos domiciliarios.
- Realización de foros de visibilización de problemáticas de comunidades y campañas de sensibilización lideradas por las organizaciones del proyecto.
- Iniciativas de reconciliación y paz lideradas por las organizaciones.
- Seguimiento y monitoreo de la implentación de los acuerdos en las zonas de desmovilización y comunidades aledañas.
