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CÁRITAS CANARIAS Y SEIS ORGANIZACIONES INSULARES DENUNCIAN LAS «NEFASTAS CONSECUENCIAS» DE LA REFORMA SANITARIA
 02/09/2013

Cáritas. 2 de septiembre de 2013.- Las organizaciones Acciónenred-Canarias, Amnistía Internacional, Cáritas Diocesana de Canarias, CEAR, Coordinadora Canaria por la Sanidad y la Salud Pública, Plataforma Yo Sí atiendo y Médicos del Mundo denuncian que las medidas especiales puestas en marcha por el Servicio Canario de la Salud no funcionan, ya que sólo 42 personas han podido obtener la tarjeta especial.

En una nota hecha pública en Las Palmas el pasado viernes, 30 de agosto, las citadas entidades recuerdan que el 1 de septiembre se cumple un año desde la retirada de tarjetas sanitarias a consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012. El decreto ha expulsado a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema público de salud, y ha introducido medidas, como el copago de medicamentos, que afectan también a la población española, especialmente a la más vulnerable.

Las organizaciones sociales firmantes alertan de que el cambio de modelo abre la posibilidad a que las pérdidas de derechos aumenten y afecten a un mayor número de personas a medida que avance la aplicación de la reforma sanitaria. Y señalan, además, que la legislación dejó sin cobertura sanitaria normalizada a 48.652 personas que residen en Canarias. Las medidas especiales puestas en marcha por el Servicio Canario de Salud no funcionan, pues sólo 42 personas han podido obtener la Tarjeta Especial debido a las dificultades burocráticas que entraña el conseguir la documentación del país de origen solicitada por la Orden 14 de Diciembre de 2012. Además, las personas que consigan obtener esta Tarjeta Especial tienen que costearse el cien por cien de los tratamientos, algo que en la mayoría de los casos supone una barrera económica insalvable.

Las organizaciones sociales firmantes han documentado en Tenerife y Gran Canaria cerca de un centenar de casos de personas inmigrantes que han sido excluidas del sistema sanitario.

Advertencias en la prensa científica internacional

Las consecuencias de esta normativa y de los efectos de otras políticas de austeridad han tenido reflejo en medios tan prestigiosos como The Lancet o Medical British Journal.

Algunos autores ya han alertado del previsible aumento de las enfermedades transmisibles como resultado de la dificultad actual para realizar un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado de las personas excluidas. El caso de Alpha Pam, el joven senegalés fallecido por tuberculosis en Baleares que resultó ser la fuente primaria de un brote de esta enfermedad, es un claro ejemplo de ello. Como consecuencia de la aplicación del RDL16/2012, Alpha Pam no tenía asignado médico de familia y su historial clínico ya no figuraba en las bases de datos, lo que impidió que su enfermedad fuera diagnosticada a tiempo y que se aplicara el protocolo médico correspondiente.

“¿Quién será responsable en Canarias, de los fallecimientos de personas que, por estar en una situación similar, pudieran producirse?”, se preguntan en la nota las siete entidades firmantes de la misma.

Otros expertos, como el psiquiatra y consultor de la OMS Manuel Desviat, han advertido de un probable aumento de los trastornos mentales, e incluso de suicidios, entre la población afectada.

Situaciones más habituales

Hasta ahora, las situaciones más habituales detectadas por las organizaciones sociales han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos (falta de insulina para la diabetes, sintrom para las cardiopatías, enfermedades mentales, etcétera), la exigencia de firmas de compromisos de pago previos a la atención médica, los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, y las barreras administrativas que se producen debido al alto nivel de desconocimiento de la normativa en materia sanitaria y que están provocando que las personas inmigrantes no puedan acceder de manera normalizada a la atención.

También se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, y de niños y niñas a quienes se les ha negado la atención primaria.

La normativa sobre aseguramiento

Para Cáritas Canarias y las otras seis organizaciones firmantes de la nota, los convenios especiales, que establece el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, aprobados sin repercusión mediática ni debate parlamentario no solucionan en modo alguno el problema, son más costosos que los que ofrece la sanidad privada y no cubren en ningún caso los medicamentos necesarios para seguir el tratamiento prescrito.

Además, las pocas personas que puedan hacer frente a este desembolso son reticentes a hacerlo, ya que al verse obligados a facilitar sus datos personales (NIE, domicilio, etcétera) a las autoridades, se enfrentan a la posibilidad de una expulsión del país. Por otro lado, no deja de ser jurídicamente dudoso que la Administración pueda suscribir contratos con personas a las que no reconoce la estancia legal en el país.

La aplicación de esta norma depende de las comunidades autónomas, a quienes están transferidas las competencias en materia sanitaria. Desde las organizaciones sociales firmantes exigimos la no aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en Canarias, y que se establezcan los mecanismos que garanticen de una manera real una atención en igualdad de condiciones para todas las personas residentes en las islas.

En opinión de las entidades, esta reforma sanitaria no se justifica ni desde el punto de vista de los derechos humanos ni desde el punto de vista económico ni de salud pública, ni desde la ética médica. Por todo esto, instan a la Consejera de Sanidad y al Gobierno de Canarias a que escuchen la preocupación de los profesionales sanitarios y de los colectivos sociales, y hagan un acto de responsabilidad política devolviendo el Derecho Universal a la Salud a Canarias.


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