La violencia continúa en la República Democrática del Congo

El este del Congo, y más concreto la zona de los Kivus, se ve afectado por un alto nivel de violencia derivada del enfrentamiento armado entre numerosos grupos que operan en su territorio y el ejército. El conflicto del Congo es el que más víctimas se ha cobrado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero dicha violencia no se limita a los “efectos colaterales” de estos enfrentamientos, sino que, además, produce importantes abusos y graves violaciones de derechos humanos contra las poblaciones civiles.

Uno de ellos, la violencia sexual contra las mujeres, es un hecho cotidiano en los Kivus y más o menos conocido en Occidente, en parti gracias a  la concesión del premio Nobel de la Paz al doctor congoleño Denis Mukgwewe, cuya clínica en la capital de Kivu del Sur, Bukavu, atiende cada año a miles de víctimas de estas violencias.

Sin embargo, otras violaciones muy graves de los derechos de los congoleños permanecen invisibles: una de ellas es la tortura, practicada con un alto grado de impunidad por parte de funcionarios públicos y de miembros de grupos armados dentro y fuera de cárceles y lugares de detención informales, ya sea para conseguir auto-inculpaciones de delitos o para chantajear a las personas y sacar rédito de ello. En 2017 Cáritas realizó en las zonas aisladas de Kivu del Sur donde interviene un estudio sobre la incidencia de la tortura que arrojó resultados preocupantes: sólo en un mes se habían documentado en la zona de actuación de Cáritas Española 286 actos de tortura y otras penas y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, la documentación de estos actos no es frecuente, debido al miedo de las víctimas a represalias, y al acceso muy limitado a la justicia, por lo que los casos documentados constituyen la punta de un enorme iceberg.

Durante el último año, un 20% de los encuestados declararon haber sido arrestados, interpelados y torturados por la policía o por el Ejército. Según el profesor en Derecho y analista político Arnold Nyaluma, de la Universidad de Bukavu, “prácticas como confinar a presos en celdas demasiado pequeñas o jaulas, golpes con la culata de los fusiles, negación del alimento o el sueño, etc. son moneda frecuente en las prisiones congoleñas y poco o muy poco se hace para evitarlo”. Pero, además, en las zonas rurales, las personas son sometidas a torturas por negarse a pagar impuestos ilegales, u otro tipo de extorsiones. Un 90% de los sanitarios de la zona declaran haber recibido pacientes que presentaban lesiones mentales y físicas atribuibles a actos de tortura, pero en la mayoría de estos casos, las víctimas tienen miedo de denunciar, a pesar de haberse aprobado en 2011 una ley que establece la prohibición absoluta de la tortura en República Democrática del Congo, en línea con la Convención Internacional contra la Tortura ratificada por el país.  

La incidencia de la tortura ha aumentado en el país debido a la incidencia de la COVID-19 tanto fuera como dentro de los lugares de detención. En muchas ocasiones, los vigilantes de estos últimos han multiplicado los actos de tortura, con el fin de hacer respetar las medidas de prevención, en vista de la alta incidencia de la enfermedad en las prisiones. El Estado congoleño ha llegado a liberar una cantidad importante de presos, para aliviar el hacinamiento existente en las cárceles, factor de contagio de la epidemia. Dicha liberación se ha producido de manera arbitraria, pero ha sido positiva para visibilizar la situación de este colectivo. Fuera de los lugares de detención los miembros de las fuerzas de seguridad se han aprovechado de la preocupación colectiva para cometer torturas y tratamientos inhumanos para extorsionar a poblaciones no presas que presuntamente no estaban respetando las medidas anti-propagación de la COVID-19.

Aprovechando esta visibilidad acrecentada de la realidad de la tortura en Kivu del Sur, Cáritas Bukavu ha celebrado dos mesas redondas durante la primera quincena de septiembre en la ciudad de Bukavu. Dichas mesas contaban con la presencia de responsables políticos y militares del más alto rango y su finalidad ha sido trabajar en medidas y acciones que completen la mencionada ley y que la desarrollen y conseguir el compromiso de las autoridades con dichas medidas. Cáritas va a iniciar, en colaboración con estas autoridades, visitas a los lugares de detención por abogados y magistrados para ilustrar sus demandas con hechos. Además, se celebrará una serie de mesas redondas y de tribunas de expresión en las zonas rurales para conocer la perspectiva de las poblaciones.

Estas acciones se enmarcan en el Proyecto contra la Tortura que Cáritas Española, en colaboración con Cáritas Bukavu y financiación de la Unión Europea, ejecuta la Diócesis de Bukavu, dirigido fundamentalmente a prevenir la ocurrencia de estos actos y disminuir su incidencia a través de la formación de los habitantes de estas zonas y de las autoridades locales, que son los principales responsables; crear un ambiente propicio para la denuncia por las víctimas y la obtención de asistencia por las mismas; incidir ante los responsables públicos para que vigilen la observancia de la ley y desarrollen la legislación / medidas complementarias necesarias para su efectivo cumplimiento.