Cáritas. 17 de mayo de 2012.- En una
reunión celebrada el pasado martes 15 de mayo, con la vicepresidenta y consejera
de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno cántabro, María José Sáenz de Buruaga, el secretario general de Cáritas
Diocesana de Santander, Francisco Sierra,
le transmitió la preocupación de la institución ante las modificaciones
planteadas en la normativa de la Renta Social Básica y del Sistema Público de
Salud.
La reunión
había sido solicitada por el representante de Cáritas Diocesana en el momento
en que se produjeron las primeras declaraciones de la Consejería en relación a
los cambios propuestos en la RSB. A la preocupación por este tema, en el
encuentro se trasladó también a la Consejería la incertidumbre producida en las
últimas semanas ante la denegación del acceso a la atención sanitaria primaria
y especializada a las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular.
Valoración de la nueva normativa propuesta
para la RSB
Como se
señaló en la reunión, para que la RSB pueda hacer efectivo el derecho a la
protección social de las personas en situación o riesgo de exclusión social
posibilitando la cobertura de sus necesidades básicas y su derecho a la
incorporación social, Cáritas Santander ve necesario:
-
Agilizar la
tramitación de la RSB, manteniendo además el derecho a la misma desde el
momento de su solicitud y haciendo que su renovación sea automática mientras no
cambie la situación de la persona. Francisco Sierra señaló, en concreto, que
“en este momento en Cáritas Diocesana nos encontramos cada vez más con personas
que no cuentan con ningún tipo de ingreso y al solicitar la RSB se encuentran
con un trámite que lleva entre 5 y 8 meses. En ese tiempo, Cáritas está
asumiendo la cobertura de las necesidades básicas de muchas de esas personas
que no cuentan con un colchón familiar que les apoye”. El representante de
Cáritas incidió en su reunión con la Consejera en dar la posibilidad de
complementar los 426 euros de la RSB con salarios de baja intensidad hasta
alcanzar el SMI.
-
Sierra hizo
también hincapié en no condicionar la obtención de esta prestación a la
residencia legal de un año en la Comunidad Autónoma, ya que ello supone una
manifiesta contradicción hacia la persona migrante en situación administrativa
irregular el que se le permita empadronarse como un vecino más de su municipio
pero sin permitir su acceso a determinados derechos que la entidad considera
innegociables.
- Cáritas
Diocesana demanda también la puesta en marcha de los programas de incorporación
social que la propia Ley de Servicios Sociales del 2007 establece y que
garantizarían un seguimiento personalizado de los procesos de inserción social.
Asimismo, Cáritas ve necesario que se retome la convocatoria del Consejo Asesor
de Servicios Sociales como órgano de consulta para la valoración de cualquier
medida que afecte al sector que representan.